Seguros: Historia de un Vidente

11 de junio, 2006

El 19 de setiembre de 1991, hice pública mi renuncia como miembro del Directorio Ejecutivo de UPINS –el sindicato del INS, en un documento que titulé “La Defensa de Nuestros Derechos en los Tiempos de la Privatización”. Era el punto final de una historia que había empezado unos meses antes, justo cuando la primera administración Arias Sánchez llegaba a su fin y Calderón Fournier ocupa la Presidencia.

La negociación de convención colectiva no avanzaba y la presión interna por encontrar una solución aumentaba. Eran los tiempos donde se iniciaban las restricciones a la negociación de ese tipo de instrumentos y, debido a las de Autoridad Presupuestaria (cuando de verdad era Autoridad), se volvió imposible alcanzar el acuerdo sobre el incremento salarial que, técnicamente, entendíamos, correspondía en ese momento. Después de una huelga ingrata, en abril y mayo del noventa, se llegó a un arreglo final (omito detalles). Para entonces, todo había cambiado.

• Cambió nuestra percepción acerca de la naturaleza del problema. Hasta ese entonces, había defendido y privilegiado la tesis de la defensa del monopolio. Después de la huelga, fueron tomando forma otras perspectivas que, de por sí, tenían su propia historia. En razón de mi cargo en la organización gremial latinoamericana -FELATRABS-, relacionada con los servicios financieros, de la Central Latinoamericana de Trabajadores –CLAT, ya había tenido acceso a información relacionada con su naturaleza y tendencias globales y regionales. El concepto de “supermercado financiero” ya estaba en el panorama; los primeros pasos de la introducción de las tecnologías en la gestión del sector, era algo más que una posibilidad y la frontera entre seguro, banca y valores era cada vez más tenue. Argentina, Brasil, Chile y México eran ya buenos ejemplos. Obviamente, vivíamos en un mundo diferente.

• Por aquella época, el tema de la apertura y venta del monopolio de seguros y del INS ya se había introducido, la “reforma del estado”, en la agenda nacional, en particular desde el impulso promovido por don Carlos Vargas Pagán, primero como Director del Programa de Reforma del Estado y, después, como Ministro de Planificación que, a su vez, terminó coincidiendo con la agenda del PAE 3. Conocí a don Carlos cuando aún era Director de Programa y gracias que tenía su oficina al frente de las oficinas del sindicato, es decir, de las mías, en más de una ocasión conversamos sobre estos temas.

• Un tercer factor que influyó sobre nosotros, después de aquella huelga, fue la constatación que todas las tácticas utilizadas por el movimiento sindical costarricense, para enfrentarse a los procesos de privatización, habían fracasado (CNP e INCOFER), con prejuicios para los trabajadores, sin temor a sumar, en esa misma dirección, la debilidad estratégica evidenciada en nuestra propia huelga.

• En setiembre u octubre de 1990, además, convocamos, en el Auditorio del INS, a la “Primera Reflexión sobre los Seguros en Costa Rica”, un evento que reunió, durante cinco días, a lo más diverso de la sociedad costarricense, interesado en el tema de los seguros: dirigentes sindicales, empresarios, especialistas, políticos, representantes de gobierno, expertos internacionales, funcionarios del INS, de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio, entre otros.

• Además, habíamos llegado a la conclusión que la defensa del monopolio de la nueva administración superior del INS, Luis Javier Guier había llegado como Presidente Ejecutivo, “era una peligrosa trampa para los intereses de los trabajadores”, porque combinaba una defensa de palabra del monopolio con una política de privatización parcial de servicios del INS

A la hora de sumar todo ello, en julio de 1991, optamos por cambiar la estrategia de UPINS y abandonamos la lucha por la defensa del monopolio. El 19 de julio de 1991, en oficio UP-197-91, como Secretario General, envié a don Rodolfo Méndez, Ministro de la Presidencia de entonces, “una propuesta respecto al Instituto Nacional de Seguros”. El documento estaba dividido en tres partes: fundamentos de la posición; la propuesta y las bases del acuerdo propuesto.

• Reconocíamos, con relación al papel del estado, que “el nuevo estado que necesita la estrategia de promoción de exportaciones es un estado pequeño pero eficiente”. Señalábamos que “ese cambio era irreversible”, dado que era “un proceso objetivo” y que, era “una falta de realismo oponerse al cambio, peor aún, es inútil”, pero señalamos que “nosotros queremos discutir e influir, en el tipo de cambio que más conviene a los trabajadores del sector seguros y a la sociedad costarricense en general”.
• Definimos, con relación a la transformación del sistema financiero internacional, que “Costa Rica no podía ser la excepción de ese proceso de modernización de su sistema financiero” y, dado que el INS era parte de él, “no podía obviarse su transformación en vista de aquel fenómeno mucho más global”.

Por lo anterior ( en aquel documento, “aceptamos entonces una revisión del modelo que opera en materia de seguros en Costa Rica”, por lo que solicitábamos el establecimiento de algunas condiciones básicas: acceso a la información, participación efectiva de la organización sindical, transformación utilizando legislación nacional, salvaguardar la naturaleza social de los seguros en Costa Rica y las condiciones de trabajo de los trabajadores, presentes y futuros”. Las bases del acuerdo que propusimos, en julio de 1991, bajo la premisa que el INS continuaría en el nuevo mercado. Incluyeron:

• Envío a la Asamblea Legislativa, para su aprobación, de proyectos de ley para privatizar el sistema de comercialización y para adscribir al INS dentro de lo que, en aquel momento, se conocía como “Proyecto de Ley para de Modernización del Sistema Financiero”.

• La Constitución de una Comisión, coordinada por el Programa de Reforma del Estado del Ministerio de la Presidencia, en el contexto de la negociación del PAE 3, para “establecer los modelos apropiados de transformación del INS para cumplir, al menos, con las siguientes metas: propiciar un mayor dinamismo del sector financiero, garantizar el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores del INS así como de los empleados futuros del sector seguros, desarrollar un programa de remuneración por eficiencia y productividad, transformando el sistema de remuneración de una perspectiva estrecha de salario, plan que podría desarrollarse bajo el amparo de la Convención Colectiva”

• La Comisión estaría integrada por representantes de gobierno, funcionarios del INS, representantes del sector privado y del principal partido de oposición, en aquel momento, Liberación Nacional.

El Gobierno aceptó la propuesta pero, entonces, apareció la reacción en contra de la nueva estrategia. Por un lado, “una respuesta mal intencionada de la administración y una respuesta negativa, por incomprensión, de un grupo de trabajadores de la institución”. A la administración, con nuestra propuesta, le habíamos quitado su iniciativa, evidenciando que su objetivo real era “mantener un monopolio pequeño, con un mínimo de trabajadores, que preservaba los privilegios de una reducida cúpula burocrática”. La sobrevaloración de la capacidad real de los trabajadores del INS para mantener la lucha por la defensa del monopolio, su incomprensión hacia nuevas formas de lucha y negociación y la confianza en las prédicas de la administración a favor del monopolio.

La historia culmina el 23 de setiembre de 1991. Mi situación se había hecho imposible como dirigente sindical y tuve que renunciar de mi cargo gremial; de paso, una excelente decisión, renuncié como funcionario del INS. Cuatro días antes había explicado mi renuncia. En esa ocasión escribí:

“Existen dos situación posibles:

a) Que la Administración imponga sus tesis, con lo cual los trabajadores se encontrarán desarmados y sin propuesta para defender sus intereses en el proceso de privatización del INS. Finalmente, el desmantelamiento del INS se produciría en medio de un sálvese quien pueda, que solo beneficiará a los altos jerarcas”

b) O, previendo el proceso de privatización, que UPINS logre desarrollar un proceso de negociación y lucha para preservar nuestras conquistas”

Hoy, en junio del 2006, quince años después, la historia nos ha dado la razón. La pequeña cúpula burocrática huye en tropel, importándole poco la negociación colectiva o el Cuerpo de Bomberos o el propio monopolio.

El 19 de setiembre de 1991 terminé escribiendo: “Hemos sido absolutamente francos. Nuestra renuncia es el pago por ello. Es un altísimo precio. No importa; preferimos ser incomprendidos hoy por nuestros compañeros que ser condenados por la historia”. Como se observa, quince años después, sin verguenza, puedo mantener mi cabeza en alto y los ojos al frente.